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FUENTE: elconfidencial.com

Un rancio olor a fármacos lo impregna todo, tan denso que se posa sobre la ropa de las decenas de personas que abarrotan la sala de Urgencias del madrileño Hospital La Paz. No hay asientos para todos, así que esperan su turno en el pasillo, en las escaleras, en la salida de emergencia y hasta en la puerta de entrada al centro, ignorando la voz que por megafonía exige no bloquear el umbral. Es lunes, jornada tradicionalmente complicada en el servicio de urgencias, al igual que los domingos. Comenta una enfermera que se debe a que un buen número de pacientes acude por dolencias que no necesitan tratamiento inmediato. Los días de Champions, por ejemplo, o cuando el sol de verano invita al asueto, ocurre el milagro: pocos enferman. Pero hoy llegan por decenas, exponiendo desde las más graves hasta las más pintorescas dolencias. Como un tipo que asegura haberse tomado un Red Bull caducado, u otro que reconoce mantener relaciones sexuales de riesgo. También está Alberto García, con una fractura en el pómulo. Acaba de sufrir un accidente laboral y el golpe le ha hundido parte del mismo. El dolor de cabeza, asegura, es indescriptible. Lleva dos horas esperando y solo le han dado dos pastillas de Nolotill para mitigar las punzadas.

“El servicio de Urgencias se utiliza mal. Aquí vienen pacientes con un catarro. La gente se salta la medicina primaria, en vez de acudir al médico de cabecera vienen al hospital, porque aquí por nada te hacen una placa y te dan tratamiento. Si sufres un dolor en un brazo te hacen una radiografía y todo tipo de pruebas”, explican fuentes que trabajan en La Paz, el primer centro de la Comunidad de Madrid que emite facturas virtuales para que el paciente perciba el coste de su tratamiento. Este es el meollo de la cuestión, porque el sistema sanitario público atraviesa una grave crisis pese a que absorbe una de las partidas más cuantiosas en los PGE (costó 70.000 millones en 2009). Su déficit a largo plazo asciende a 15.000 millones de euros (según la consultora AT Kearny), mientras que los pagos adeudados a empresas y proveedores de productos sanitarios se han disparado un 42% en un año hasta superar los 4.000 millones (según la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria). Aunque los partidos han sido vagos en propuestas, el derecho a la protección de la salud, recogido en la Constitución, se ha convertido en campo de batalla en la campaña electoral, sobre todo por los problemas de financiación que arrastra su cobertura. Y el copago ha sido la palabra maldita. Mencionarlo supone caer en desgracia.

La complejidad del asunto es de tal envergadura que solo ofrecen soluciones las voces más autorizadas: los profesionales de la medicina y la enfermería. No responden a cómo mantener sus empleos, sino a cómo salvar el preciado sistema actual, en el que cualquiera, sea español o extranjero, puede entrar en un centro público y recibir tratamiento de urgencias de primera calidad. En busca de fórmulas de ingreso y racionalización del gasto, El Confidencial ha departido con el Consejo General de Colegios de Médicos, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), el Consejo General de Enfermería, la Asociación de Economía de la Salud, el Departamento de CCOO de La Paz y la Asociación Española de Ginecología, entre otros. Sus declaraciones resultan reveladoras: rechazan, casi sin excepción, los recortes y el copago; exigen mucha más conexión entre las CCAA, transparencia en el gasto y un nuevo sistema retributivo que evalúe a los médicos por su trabajo; y, sobre todo, achacan la asfixia del sistema a la politización de la gestión hospitalaria y al exceso de demanda.

La bala de plata contra el déficit

Si existe una bala de plata contra el déficit del sistema, ésta es la racionalización del gasto. Los profesionales destacan tres puntos esenciales. En primer lugar, el gasto farmacéutico, muy superior en España a la media de la OCDE debido fundamentalmente a la escasa utilización de los genéricos. “La prescripción farmacéutica se hace con muy poco criterio coste-beneficio, se suele utilizar el medicamento más caro. Los profesionales adolecen de falta de información y la que reciben está canalizada por los laboratorios”, señala Marciano Sánchez, portavoz de la FADSP. En segundo lugar, la sobre utilización de la tecnología (esto es, una radiografía, un TAC o una resonancia). Numerosos estudios avalan que alrededor de un 33% de su uso no es necesario, otro 33% es dudoso (es decir, no hay certeza de que el enfermo vaya a beneficiarse del mismo) y el 33% restante es útil. Por último, conseguir un sistema centralizado de compras en el Sistema Nacional de Salud, crear un organismo que adquiera en conjunto para abaratar los precios. “Este año, en la compra de las vacunas antigripales hubo un acuerdo entre ocho CCAA, Cataluña entre ellas, y el Ministerio de Sanidad para comprar en conjunto al laboratorio. Se han ahorrado 3,2 millones de euros”, explica Sánchez.

No menos grave para los profesionales de la medicina es la politización de la gestión hospitalaria. En época de recortes del presupuesto de la sanidad pública, la cuestión levanta ampollas incluso entre la ciudadanía. Sirva como ejemplo el ya desmentido fichaje de José Luis Carod-Rovira como asesor de la Red Social y Sanitaria Santa Tecla de Tarragona, que provocó un estallido de indignación en las redes sociales. Médicos y enfermeras definen los recortes acometidos como “palos de ciego”, dado que no se cuenta con equipos interdisciplinares de expertos para su planificación y, en consecuencia, no se alcanzan conclusiones operativas. “Cuando la política se mezcló con la Sanidad empezó la enfermedad. Es maquiavélico que se la utilice como arma arrojadiza. La clase política ha reservado los puestos de gestión para sus expertos, gente sin experiencia, afín a sus ideas e incompetente. Así se han multiplicado los despachos y se ha acentuado la división entre profesionales. Actualmente, a los puestos de gestión se llega por criterios políticos”, asegura Ana Isabel Salegi, una enfermera con 40 años de experiencia en urgencias y 20 de docencia a sus espaldas.

La costosa 'medicina defensiva'

Subraya Salegi, como varios de sus colegas, que la sensación de indefensión entre los profesionales de la medicina multiplica las pruebas que se realizan a los pacientes, una suerte de 'medicina defensiva' "que no resulta efectiva" y cuya práctica varía según especialidades. "Hay miedo a que te denuncien, a que no te vuelvan a contratar", explica. "Ya no se acude a medicina primaria. Y el aumento que ha habido en el número de pacientes también explica la saturación en urgencias, porque la media europea es de 800 enfermeras por cada 100.000 habitantes y en España es de 530 a 350, varía según comunidades". Esto significa que solo superamos a Bulgaria, Grecia, Chipre y Rumania. El Consejo General de Enfermería advirtió ya en 2009 que tanto la asistencia primaria como la especializada están amenazadas.

En periodos electorales ningún partido quiere asumir el riesgo del copago. Después, la cosa cambia. Para algunos las facturas virtuales de La Paz podrían interpretarse como un paso hacia el mismo, pero la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid niega la mayor. Desde el Partido Popular afirman que "Rajoy dijo rotundamente que no está a favor del copago. Es la postura razonable. No es necesario un copago en Sanidad. Estamos dedicando más de un 6% del PIB", señala Mario Mingo, diputado por el PP y médico. Los defensores de la sanidad pública sostienen que el copago castiga a los más débiles, a los enfermos crónicos y ancianos, y que la experiencia de Alemania y Francia al implantarlo no fue positiva. “El Colegio de Médicos de Madrid hace mucho tiempo que viene manifestándose en contra del copago”, señala el doctor Ángel Oso Cantero.

Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud (AES), señala que la dicotomía “copago sí o copago no es un debate equivocado. El tema es extraordinariamente complejo y existen múltiples alternativas, cada una de ellas con potenciales beneficios, pero también con riesgos para la salud y económicos a considerar. Pero, ¿y si instaurar un copago simbólico ayudase a frenar la demanda? En algunos países, cuando la visita a urgencias no se produce por la derivación del médico de atención primaria o del especialista y si ésta no conlleva el ingreso del paciente, se paga".